Juan Arvizu
Jueves 28 de septiembre de 2006
El Universal-Mexico
La solución al conflicto de Oaxaca será integral, prudente, gradual y, si es necesario el uso de la fuerza pública para recuperar edificios y calles ocupadas hoy con barricadas, la operación que se ejecute tendrá "medida y límites", será respetuosa de los derechos humanos, y se realizará "con la decisión necesaria", afirmó el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.
Entrevistado en sus oficinas de Bucareli, en un momento de alta expectativa, Abascal manifestó que en esta hora el presidente Vicente Fox "está más comprometido que nunca con la paz, la estabilidad y con la entrega ordenada del gobierno".
La charla con este diario tuvo lugar ayer, doce horas antes del inicio del paro de dos días del sector privado oaxaqueño.
Abascal no visualiza actividad guerrillera, sino de "grupos populares anarquistas" que, sin embargo, han actuado "con violencia criminal", apuntó.
Confió que en la marcha de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), la cual se dirige a la ciudad de México, "el PRD y la que fue la coalición Por el Bien de Todos tendrán cuidado de no involucrarse" en acciones "que deslegitiman cualquier resistencia pacífica".
La demanda de que el gobernador Ulises Ruiz sea removido del cargo la comentó con su expresión ya simbólica de que "el gobierno del presidente Vicente Fox no pone ni quita gobernadores". Que sea la sociedad la que decida, "pero no un grupo cuya representatividad es evidentemente circunscrita a un cierto círculo de la (misma) sociedad oaxaqueña".
Dijo que los dos meses que restan a la transmisión del poder Ejecutivo, el gobierno de Vicente Fox trabaja por una distensión que desemboque en un 1 de diciembre que transcurra "como cada seis años", en el marco del Congreso de la Unión, "con protestas, pero respetando el cauce institucional".
Habló firme, con rapidez, resuelto. En la claridad de sus palabras deslizó una hipérbole: "Hemos dedicado 36 horas al día a trabajar en el tema".
-¿Será cuestión de horas, de días para que haya acción de la fuerza pública?
-Como tú comprenderás yo no te puedo decir si es una cosa de horas o de días. El uso de la fuerza pública no es un gusto, es una atribución exclusiva del Estado.
"Tiene el Estado que recurrir a la fuerza pública una vez que, en efecto, ha usado al máximo todos los instrumentos de la política" y tiene que buscar los cauces de las leyes y las instituciones.
Remarcó: "El Estado va a cumplir con la Constitución", va a garantizar lo que prevé el artículo 119, y a la vez va a insistir en alternativas de solución, como lo es la vuelta a clases por parte de los maestros.
El referido artículo 119 establece que "en caso de trastorno interior" en una entidad, los poderes de la Unión tienen el deber de protegerla.
Indicó que "está hablándose, y es próxima la posibilidad de que regresen a clases los maestros". Pero prevalece el problema de seguridad pública.
"El orden, el estado de derecho -no hay duda- se puede restablecer con una ocupación policiaca, con sus "mases" y sus menos, con los riesgos que toda acción de esta naturaleza implica, a pesar de los cuidados que se tomen para hacerla en el marco del respeto de los derechos humanos de todas las personas".
Pero eso -añadió- no resuelve el retorno a clases de los maestros de la sección 22, solución que "estamos empujando con todas nuestras fuerzas y en las próximas horas habremos de saber el desenlace de este esfuerzo", en el que tenemos la prioridad.
Y es que está en juego el tiempo de educación que no se recupera, de un millón 300 mil niños, dijo.
-¿La solución será gradual, con distintas acciones simultáneas?
-Ese es el concepto. Una solución integral y en algunos aspectos podría ser, incluso, gradual.
Describió: "Vamos a suponer que el gobierno federal tuviera que tomar ya la decisión de la ocupación policiaca. Ah, pues el retorno a clases no sería más inmediato ni mucho menos, porque (ambas) son decisiones totalmente independientes.
"¿Cómo obligo con la fuerza policiaca a los maestros a ir a clases? Eso no funciona. No existe. No hay manera de hacerlo. Entonces el regreso a clases en esa hipótesis podría llegar a ser gradual, siempre y cuando se dé una serie de condiciones.
"Por ejemplo -detalló-, que el gobierno del estado recupere la conducción completa de la cosa pública en el estado de Oaxaca. El tema no es sencillo. He pedido paciencia. No hemos descuidado el asunto. Hay otra serie de acciones que están en marcha, pero ni duda cabe y se lo dije a los presidentes municipales (el martes): el gobierno de la República tiene muy clara su obligación constitucional".
-¿La parte más dramática sería el desmantelamiento de las barricadas?
-Todo eso tiene sus estrategias y sus tácticas. Y bueno, tiene riesgo recuperar las instalaciones del gobierno del estado que están tomadas.
Señaló que el gobierno del estado ha dado el último paso, apelar al 119 constitucional, ante lo cual "nosotros buscaremos que llegando a la decisión que se tenga que tomar se tendrá que actuar con prudencia, pero con decisión, con toda la decisión necesaria".
-En su momento, ¿la presencia de la fuerza pública puede ser muy profesional, respetuosa de los derechos humanos? ¿No ocurrirá como en Atenco 2?
-Bueno. No me estigmaticen tampoco Atenco 2, que tuvo errores sin duda, pero el gobierno federal, la PFP realizó una acción muy cercana al apego estricto a las normas. Hubo alguna permisión y se procedió a la sanción del caso. Pero no se estigmatice Atenco 2, porque entonces nosotros mismos creamos condiciones para que el Estado nunca pueda cumplir con sus obligaciones en materia del uso de la fuerza pública.
"Es evidente (que se trata de) una responsabilidad grave, que tenemos de hacer uso de esa fuerza pública con medida, con límites, con respeto a los derechos humanos, pero en la inteligencia de que se están exponiendo las vidas de los policías, que son vidas de mexicanos.
"Claro que se puede llevar a cabo una operación que cumpla con los requisitos que la ley establece de uso proporcional de la fuerza".
Abascal acotó: Con todo, "nadie puede pensar que el uso de la fuerza pública federal puede legitimar a un gobierno local". Lo logra con su quehacer democrático, dijo.
-Como responsable de atacar este asunto, ¿puede asegurarle usted al Presidente de la República que el conflicto de Oaxaca no pasará a mayores?
-No estoy haciendo adivinación del futuro, porque la conducta humana es muy variada, la libertad humana es muy amplia.
"Lo que yo puedo asegurar es que haré todo lo que esté a mi alcance en el ámbito de mis atribuciones". Y lo mismo harán la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
"Confiamos en que al final prevalezca la sensatez, el sentido común, el interés superior de la nación y el interés superior de Oaxaca, sobre intereses particulares de cualquier actor político, social o económico del estado".
-¿Habría complicaciones para la tarea del gobierno que hubiera un acompañamiento de la marcha de la APPO y la inquietud postelectoral que todavía tiene el señor López Obrador?
-Son dos grupos de acciones diferentes. Una se definió como una resistencia pacífica y lo que ha pasado en la ciudad de Oaxaca no tiene nada de pacífico. Es de una violencia criminal, eso es absolutamente claro, es una violencia que viola la ley de una manera flagrante en contra de la integridad de personas.
"Todos hemos sido testigos de diferentes escenas, la última la del periodista Ricardo Rocha y de algunos funcionarios del estado.
"Yo supongo que el PRD y la coalición que fue Por el Bien de Todos tendrán buen cuidado de no involucrarse en acciones de esa naturaleza, que desde luego deslegitiman cualquier resistencia pacífica".
"Estamos haciendo los esfuerzos del caso, pero al final hay que apelar al sentido de responsabilidad, al interés superior de México para que, en efecto, se distingan muy bien las cosas y no se contaminen ni las causas ni los métodos".
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