El informe lamenta que algunos países europeos "hayan renunciado al control que deben ejercer sobre su espacio aéreo y sus aeropuertos, cerrando los ojos o admitiendo vuelos operados por la CIA que, en algunas ocasiones se utilizaron (...) para el transporte ilegal de detenidos". La Eurocámara exige por tanto al Consejo de ministros de la UE que presione a todos los Estados miembros afectados para que proporcionen "información completa y profunda" sobre lo que sabían de los vuelos de la CIA y exige que, "cuando sea necesario", encargue sin demora una investigación independiente sobre los hechos. No obstante, finalmente se ha suprimido un párrafo que hablaba de imponer, si procede, "sanciones a los Estados miembros en caso de violación grave y persistente" de los derechos humanos. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, señaló que "no le incumbe a las instituciones europeas emitir fallos y sentencias, pero sí pedir que se busque la verdad". Y si los tribunales nacionales demuestran que se ha violado la legislación, los responsables "tienen que ser castigados", señaló. Además, la verdad "podrá tener consecuencias tanto a nivel institucional como a nivel político" y la Comisión "sacará sus conclusiones y presentará las propuestas correspondientes", dijo. "Hay que encontrar la verdad aunque sea incómoda o duela", recalcó. ALEMANIA, RUMANÍA Y POLONIA También se han eliminado las críticas al Gobierno alemán, y el informe final asegura, en contra de lo que decía el borrador inicial, que "hasta la fecha, las investigaciones de la comisión han mostrado que no hubo una implicación de las autoridades alemanas en el secuestro ilegal" del ciudadano de origen libanés, Jaled El-Masri, que fue trasladado de Macedonia a Kabul. No obstante, se mantiene la referencia, aunque atenuada, al caso de Murat Kurnaz, cuya excarcelación de Guantánamo ofreció Estados Unidos en 2002 a las autoridades alemanas pero éstas lo rechazaron. Este caso esta causando graves problemas al actual ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Por lo que se refiere a Polonia, la Eurocámara "toma nota" de las declaraciones del Gobierno de Varsovia negando la existencia de prisiones secretas de la CIA en su territorio, aunque añade que, a la luz de las pruebas reunidas, "no es posible reconocer o negar" la existencia de estos centros secretos de detención. En el caso de Rumanía, no se ha suavizado el texto inicial y los parlamentarios aseguran que "no se puede excluir" que los servicios secretos norteamericanos "actuaran de forma clandestina" y que no se han presentado pruebas concluyentes que contradigan ninguna de las acusaciones sobre la existencia de un centro secreto de detención en territorio rumano. El Parlamento manifiesta además su "honda preocupación" por el hecho de que algunos centros secretos de detención provisionales en países europeos podían estar ubicados en bases militares de los Estados Unidos. El texto definitivo mantiene igualmente las duras críticas al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, y al coordinador de la lucha antiterrorista, Gijs de Vries. De Solana se critican las "omisiones" en su comparecencia ante la Eurocámara sobre los vuelos de la CIA. Los mismos reproches se dirigen a De Vries, a quien los parlamentarios acusan de no dar "respuestas satisfactorias" y cuestionan la "sustancia" de su cargo. Estas críticas fueron rechazadas por la presidencia alemana de la UE. "Me parece que no está justificada la crítica que se lanza contra el Consejo de que no ha cooperado con la comisión temporal", señaló el ministro delegado alemán de Asuntos Europeos, Günter Gloser. Apuntó que tanto la presidencia alemana como la finlandesa han participado en los debates en el pleno sobre esta cuestión, y recalcó que Solana y De Vries "han acudido a las invitaciones de su comisión temporal, y han respondido a todas sus preguntas en el marco de su mandato".
Insistió en que, en muchos de los temas investigados por la comisión temporal sobre la CIA, la UE "no tiene competencias, especialmente en todo lo relacionado con los servicios de inteligencia". "Por mucho que lo lamentemos, tenemos que tener en cuenta la base jurídica", subrayó el representante de la presidencia, que consideró preferible que las investigaciones sobre los vuelos de la CIA prosigan en los parlamentos y tribunales nacionales.
Respecto a las críticas que incluye el informe a algunos Estados miembros, Gloser lamentó que las declaraciones de algunos testigos "quieran aparecer como hechos" y reclamó que "algunos de los temas tratados no se valoren como definitivos". En todo caso, insistió que "en el fondo" la Eurocámara y el Consejo "tampoco discrepan tanto como parece dar a entender el informe" porque todas las instituciones comunitarias "actúan dentro del respeto a valores comunes".
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