viernes, febrero 09, 2007
Instituto Dominicano de Periodismo inicia curso de Internet
El INSTITUTO DOMINICANO DE PERIODISMO (I.D.P.) ha iniciado un curso de Internet, con el objetivo de capacitar a los estudiantes en el conocimiento y actualización de las comunicaciones electrónicas, además el Curso se hace extensivo para otras personas que quieran obtener estos conocimientos.
EL CURSO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, es impartido por el profesor José Gómez Cerda, Web master.
El curso incluye: Periodismo y Comunicaciones Electrónicas: Las cosas modernas del periodismo y de Internet.
INFORMÁTICA BÁSICA. Conocimiento general de la computadora y sus componentes.
Introducción al Curso: La comunicación electrónica, El MODEM, Direcciones electrónicas, Elementos básicos.
QUE ES INTERNET: Los protocolos, La dirección electrónica (URL)
QUE ES LA WEB: ¿De qué está hecha la Web?, Que son los proveedores.
EL CORREO ELECTRÓNICO; El correo electrónico (e-mail), Redactar un e-mail, Responder por "replay", Enviar por "forward", Error en el envío de un e-mail, Libretas de direcciones
NAVEGAR EN LA RED: Motores de búsquedas, ¿Que hay en un explorador de Web?, Como guardar informaciones de Internet.
COMO CONSEGUIR DOCUMENTO ESPECIALIZADOS: Sitios de interés.
DESCARGAR ARCHIVOS: Del servicio FTP, Descargar, Guardar una Imagen
GRUPOS DE DISCUSIONES: Los "newsgroups"- o grupos de discusiones. Sobre los Grupos de Discusión
LOS FOROS: Foros especializados, Foros sobre la Web
LAS PAGINAS WEB; Paginas Web personales, Los blogg
LOS SITIOS Y PORTALES: Los sitios Web, Los Portales
LOS PERIÓDICOS DIGITALES: Periódicos exclusivamente digitales, Periódicos
digitales, de periódicos en papel
Instituto Dominicano de Periodismo (IDP)
Calle El Conde No. 115 (Altos)
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANA
Teléfono 809. 689.0637
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Reinician juicio por asesinato periodista Orlando Martínez
El juicio que se sigue contra los presuntos asesinos del periodista Orlando Martínez se reinició en la Cámara Penal de Corte de Apelación de aquí hoy con la presentación de cuatro incidentes por los abogados de la defensa.
Los jueces se retiraron poco antes del mediodía a deliberar sobre el último incidente presentado por la barra de la defensa de Joaquín Pou Castro que pidió que se revisen las medidas de coerción por entender que su cliente pasa de 60 años de edad.
Geovanny Tejada, abogado de la parte civil, refutó el pedimento y culpó a la defensa de entorpecer el conocimiento del proceso.
Agregó que si en diez años con Pou Castro enprisión no se ha llegado a conocer el fondo del asunto, mucho menos ello se producirá e cuando se encuentre en libertad.
Martínez fue asesinado el 17 de marzo de 1975 en la calle José Contreras, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo el 17 de marzo de 1975, en un hecho que conmovió al país.
Los acusados de la muerte de comunicador son el general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, el ex sargento de la Fuerza Aérea Dominicana Mariano Cabrera Durán y los civiles Rafael Alfredo Lluberes Ricart y Luis Emilio de la Rosa Beras.
Todos fueron previamente condenados a 30 años de prisión en el año 2000.
Martínez era columnista de la Revista Ahora y del periódico El Nacional y sus artículos analizaban la situación política de la época. Era militante del Partido Comunista Dominicano.
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Los jueces se retiraron poco antes del mediodía a deliberar sobre el último incidente presentado por la barra de la defensa de Joaquín Pou Castro que pidió que se revisen las medidas de coerción por entender que su cliente pasa de 60 años de edad.
Geovanny Tejada, abogado de la parte civil, refutó el pedimento y culpó a la defensa de entorpecer el conocimiento del proceso.
Agregó que si en diez años con Pou Castro enprisión no se ha llegado a conocer el fondo del asunto, mucho menos ello se producirá e cuando se encuentre en libertad.
Martínez fue asesinado el 17 de marzo de 1975 en la calle José Contreras, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo el 17 de marzo de 1975, en un hecho que conmovió al país.
Los acusados de la muerte de comunicador son el general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, el ex sargento de la Fuerza Aérea Dominicana Mariano Cabrera Durán y los civiles Rafael Alfredo Lluberes Ricart y Luis Emilio de la Rosa Beras.
Todos fueron previamente condenados a 30 años de prisión en el año 2000.
Martínez era columnista de la Revista Ahora y del periódico El Nacional y sus artículos analizaban la situación política de la época. Era militante del Partido Comunista Dominicano.
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España pide extradición Videla, Massera, Astiz y otros represores dictadura Argentina
El abogado Carlos Slepoy celebra la decisión, recuerda que casi la mitad no están procesados en su país y espera que sean extraditados.
-DE LA AGENCIA ATBe.COM-
El Gobierno español pedió hoy a Argentina la extradición de 40 represores de la dictadura (1976-1983) que están procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas, entre los que destacan Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Alfredo Astiz. Cerca de la mitad están siendo juzgados en Buenos Aires tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por lo que no parece fácil su extradición. Sin embargo, el resto, muchos de ellos en libertad, podrían ser enviados a España para ser juzgados por sus crímenes.
La decisión del Consejo de Ministros, adoptada en cumplimiento de una sentencia del 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afecta a los principales jerarcas de la dictadura así como a un grupo de represores detenidos en Buenos Aires el 26 de julio de 2003 en cumplimiento de una orden internacional, entre los que se encuentran Omar Domingo Rubens Garffihna.
Además del ex dictador Videla, Massera -máximo responsable de la temida Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)- y Astiz -o 'Angel Rubio de la Muerte', responsable de la desaparición de las monjas francesas- la petición recae sobre Armando Lambruschini, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Masón (ya fallecido), entre otros.
Tras el arresto de ese grupo, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, envió al Ministerio de Justicia del entonces Gobierno de José María Aznar la propuesta de extradición. Sin embargo, en Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 se acordó no continuar el procedimiento de extradición activa contra estos 40 procesados reclamados a Argentina.
SENTENCIA DEL SUPREMO
Fue entonces cuando Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura, e Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya, interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el citado acuerdo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso y en su sentencia declaraba que el Consejo de Ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.
La petición de extradición cursada hoy, que ha sido ampliamente recogida por la prensa de Buenos Aires, tiene lugar semanas después de que la Audiencia Nacional declinara su jurisdicción a favor del país sudamericano en los casos de los represores Ricardo Miguel Cavallo y Juan Carlos Fotea para que sean juzgados en Buenos Aires una vez abolidas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Y es que Garzón dictó a mediados de enero pasado un auto en el que renunciaba a seguir investigando el caso de Fotea en favor de la justicia argentina, donde hay una causa judicial abierta previamente en su contra por los mismos hechos. Previamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se había declarado no competente para juzgar a Cavallo por las actuaciones judiciales en su contra en Argentina.
Las reacciones a uno y otro lado del Atlántico no se han hecho esperar. Desde Buenos Aires la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, agradecía en declaraciones a Europa Press el apoyo de España en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, aunque reconoció que hay pocas opciones de que sean extraditados porque ya están siendo juzgados en Argentina.
CASI LA MITAD NO ESTAN PROCESADOS
En Madrid, el abogado Carlos Slepoy, que entre otros casos ejerció la acusación popular en nombre de la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en Argentina en el juicio contra Adolfo Scilingo, celebró la decisión del Gobierno español, que calificó de "sumamente importante" porque demuestra que la acción de la justicia española "sigue activa".
Además, en declaraciones a Europa Press recordó que casi la mitad de los reclamados también están procesados en Argentina por lo que en principio no parece que vayan a ser extraditados, pero en cuanto al resto --dijo-- mucho de ellos se encuentran en libertad sin haber tenido que enfrentarse a la acción de la justicia por sus crímenes por lo que "nada debería impedir" que sean enviados a España.
En concreto, Slepoy se refirió a los casos de Héctor Mario Schwab, represor que actuó en Tucumán y que fue brazo derecho del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi --también reclamado por Garzón-- y Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, único civil entre los reclamados, que ejerce como abogado de militares acusados por la represión y que en aquellos años actuó en la ESMA bajo el alias 'Teniente Vaca'.
"Sin duda se trata de una gran decisión que tenemos que celebrar. Aunque se ha tardado bastante tiempo en pedir la extradición, lo importante es que al final se ha tramitado (...) Hasta hace unos cuantos años nadie quería juzgar a estos genocidas y ahora hay una persecución múltiple y generalizada contra los responsables de tan aberrante crímenes", sentenció.
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-DE LA AGENCIA ATBe.COM-
El Gobierno español pedió hoy a Argentina la extradición de 40 represores de la dictadura (1976-1983) que están procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas, entre los que destacan Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Alfredo Astiz. Cerca de la mitad están siendo juzgados en Buenos Aires tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por lo que no parece fácil su extradición. Sin embargo, el resto, muchos de ellos en libertad, podrían ser enviados a España para ser juzgados por sus crímenes.
La decisión del Consejo de Ministros, adoptada en cumplimiento de una sentencia del 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afecta a los principales jerarcas de la dictadura así como a un grupo de represores detenidos en Buenos Aires el 26 de julio de 2003 en cumplimiento de una orden internacional, entre los que se encuentran Omar Domingo Rubens Garffihna.
Además del ex dictador Videla, Massera -máximo responsable de la temida Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)- y Astiz -o 'Angel Rubio de la Muerte', responsable de la desaparición de las monjas francesas- la petición recae sobre Armando Lambruschini, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Masón (ya fallecido), entre otros.
Tras el arresto de ese grupo, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, envió al Ministerio de Justicia del entonces Gobierno de José María Aznar la propuesta de extradición. Sin embargo, en Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 se acordó no continuar el procedimiento de extradición activa contra estos 40 procesados reclamados a Argentina.
SENTENCIA DEL SUPREMO
Fue entonces cuando Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura, e Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya, interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el citado acuerdo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso y en su sentencia declaraba que el Consejo de Ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.
La petición de extradición cursada hoy, que ha sido ampliamente recogida por la prensa de Buenos Aires, tiene lugar semanas después de que la Audiencia Nacional declinara su jurisdicción a favor del país sudamericano en los casos de los represores Ricardo Miguel Cavallo y Juan Carlos Fotea para que sean juzgados en Buenos Aires una vez abolidas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Y es que Garzón dictó a mediados de enero pasado un auto en el que renunciaba a seguir investigando el caso de Fotea en favor de la justicia argentina, donde hay una causa judicial abierta previamente en su contra por los mismos hechos. Previamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se había declarado no competente para juzgar a Cavallo por las actuaciones judiciales en su contra en Argentina.
Las reacciones a uno y otro lado del Atlántico no se han hecho esperar. Desde Buenos Aires la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, agradecía en declaraciones a Europa Press el apoyo de España en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, aunque reconoció que hay pocas opciones de que sean extraditados porque ya están siendo juzgados en Argentina.
CASI LA MITAD NO ESTAN PROCESADOS
En Madrid, el abogado Carlos Slepoy, que entre otros casos ejerció la acusación popular en nombre de la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en Argentina en el juicio contra Adolfo Scilingo, celebró la decisión del Gobierno español, que calificó de "sumamente importante" porque demuestra que la acción de la justicia española "sigue activa".
Además, en declaraciones a Europa Press recordó que casi la mitad de los reclamados también están procesados en Argentina por lo que en principio no parece que vayan a ser extraditados, pero en cuanto al resto --dijo-- mucho de ellos se encuentran en libertad sin haber tenido que enfrentarse a la acción de la justicia por sus crímenes por lo que "nada debería impedir" que sean enviados a España.
En concreto, Slepoy se refirió a los casos de Héctor Mario Schwab, represor que actuó en Tucumán y que fue brazo derecho del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi --también reclamado por Garzón-- y Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, único civil entre los reclamados, que ejerce como abogado de militares acusados por la represión y que en aquellos años actuó en la ESMA bajo el alias 'Teniente Vaca'.
"Sin duda se trata de una gran decisión que tenemos que celebrar. Aunque se ha tardado bastante tiempo en pedir la extradición, lo importante es que al final se ha tramitado (...) Hasta hace unos cuantos años nadie quería juzgar a estos genocidas y ahora hay una persecución múltiple y generalizada contra los responsables de tan aberrante crímenes", sentenció.
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La autopsia del forense determina que Erika Ortiz murió por el consumo masivo de pastillas
La autopsia practicada a la hermana menor de la Princesa de Asturias, Erika Ortiz, de 31 años, ha revelado que la muerte le sobrevino por una parada cardiorrespiratoria tras ingerir pastillas, posiblemente tranquilizantes. Según fuentes de la investigación, se ha calculado que podría llevar más de un día muerta cuando fue encontrada por su pareja sentimental.
Según explica El País, el informe definitivo no será redactado por el forense hasta dentro de un mes, cuando reciba todas las pruebas complementarias, pero ya ha trascendido que el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia, pero a pesar de ello se ha enviado una muestra de tejidos al Instituto de Toxicología para descubrir qué causó su muerte.
Este diario añade que las primeras investigaciones policiales señalan que Erika murió por una ingestión masiva de pastillas y que en la habitación donde la encontraron se descubrió un bote vacío, envases de plástico de medicamentos en la basura y varias notas escritas a mano que estaban dirigidas a su familia.
Erika Ortiz había estado de baja por estrés y ansiedad después de las vacaciones de Navidad. Volvió al trabajo hace una semana, pero pidió el lunes y el martes libres por asuntos propios. El día en que fue encontrada muerta tenía que reincorporarse al trabajo.
Máxima discreción La juez de guardia que instruye el caso lo está llevando con mucha discreción y ha ordenado que le remitan todas las fotografías tomadas –hasta la tarjeta de memoria de la cámara de la Policía con la que se inspeccionó el lugar de los hechos– para evitar que se produzcan filtraciones y se puedan utilizar por terceros. Falta que los agentes del grupo VI de Homicidios, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial, tomen declaración al actual novio de Erika Ortiz, que fue el que dio aviso al encontrarla muerta.
Las primeras investigaciones apuntan a que la hermana de doña Letizia durmió sola la noche anterior a su muerta. Según las investigaciones policiales, que no acudiera a su trabajo en Globomedia y que no respondiera las llamadas de familiares y amigos hizo saltar las alarmas.
Youtube: por favor haga clic aquí para ver video.
This is a video response to Fallece Erika Ortiz,hermana de la Princesa. Reacciones.
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Según explica El País, el informe definitivo no será redactado por el forense hasta dentro de un mes, cuando reciba todas las pruebas complementarias, pero ya ha trascendido que el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia, pero a pesar de ello se ha enviado una muestra de tejidos al Instituto de Toxicología para descubrir qué causó su muerte.
Este diario añade que las primeras investigaciones policiales señalan que Erika murió por una ingestión masiva de pastillas y que en la habitación donde la encontraron se descubrió un bote vacío, envases de plástico de medicamentos en la basura y varias notas escritas a mano que estaban dirigidas a su familia.
Erika Ortiz había estado de baja por estrés y ansiedad después de las vacaciones de Navidad. Volvió al trabajo hace una semana, pero pidió el lunes y el martes libres por asuntos propios. El día en que fue encontrada muerta tenía que reincorporarse al trabajo.
Máxima discreción La juez de guardia que instruye el caso lo está llevando con mucha discreción y ha ordenado que le remitan todas las fotografías tomadas –hasta la tarjeta de memoria de la cámara de la Policía con la que se inspeccionó el lugar de los hechos– para evitar que se produzcan filtraciones y se puedan utilizar por terceros. Falta que los agentes del grupo VI de Homicidios, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial, tomen declaración al actual novio de Erika Ortiz, que fue el que dio aviso al encontrarla muerta.
Las primeras investigaciones apuntan a que la hermana de doña Letizia durmió sola la noche anterior a su muerta. Según las investigaciones policiales, que no acudiera a su trabajo en Globomedia y que no respondiera las llamadas de familiares y amigos hizo saltar las alarmas.
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