La ruptura de los paramilitares y el escándalo que salpica a varios congresistas que están siendo interrogados estos días en la Corte Suprema por sus relaciones durante años con esta organización suponen la peor crisis que afronta el Gobierno del presidente Álvaro Uribe desde su reelección el pasado mayo; una crisis que de no suavizarse en los próximos días podría desencadenar una grave explosión de violencia.
En tono desafiante, Ernesto Báez, el portavoz político de los paras y uno de los 59 comandantes encarcelados, anunció la ruptura del proceso después de que el pasado viernes fueran trasladados de una cárcel de reclusión especial a un penal de máxima seguridad en el área metropolitana de Medellín, segunda ciudad del país.
El Gobierno niega que se haya roto el proceso y sus portavoces añaden que siguen abiertos los beneficios políticos y penitenciarios para los que se acojan al mismo, e insisten en que no habrá extradiciones a EE UU.
Los comandantes paras, quienes durante más de una década sembraron el terror en el país con la disculpa de combatir a la guerrilla, se sienten traicionados. Los acuerdos, que llevaron a más de 30.000 de sus combatientes a dejar las armas, implicaban cárceles especiales, como granjas agrícolas y talleres de reeducación para cumplir sus penas.
El Gobierno alega que desde el centro de reclusión especial donde se encontraban, los comandantes se daban órdenes de muerte -varios cuadros medios de la organización han sido asesinados en los últimos días- y se urdía un plan de fuga. Y amenazó incluso con aplicar el castigo más temido: la extradición a Estados Unidos. Por decisión del presidente Uribe, mientras cumplan con el proceso de paz, las órdenes de extradición por narcotráfico que pesan sobre varios comandantes están suspendidas.
El proceso de paz acordado en 2004 entre el Gobierno colombiano y la organización paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está al borde del fracaso tras la ruptura unilateral por parte de ese grupo armado, que justificó su medida por la decisión del Gobierno de trasladar a 59 comandantes paras a una cárcel de máxima seguridad.
La extradición ha sido el palo en la rueda en esta negociación. La ley de Justicia y Paz -marco legal del proceso- aprobada por el Congreso en 2005, le daba carácter político a los paramilitares, dejándolos así blindados contra la posibilidad de ser enviados a tribunales estadounidenses. El pasado mayo, la Corte Constitucional anuló este artículo y endureció las condiciones para que los desmovilizados reciban los beneficios pactados. Los paras acusaron a la Corte de haber "matado el proceso".
Mientras el Gobierno tiene este as en la mano, los paramilitares amenazan con contar la verdad; es su arma de chantaje. No es un secreto que el fenómeno paras infiltró altas esferas del poder. Es lo que se está conociendo, a cuenta gotas, desde hace un mes. Ya hay tres congresistas y una ex congresista en la cárcel, seis más han sido llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia -entre ellos al senador Álvaro Araujo, hermano de la ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araujo-.
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