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SANTO DOMINGO.- El síndico del Distrito Nacional, Esmérito (Roberto) Salcedo Gavilán, y otros tres funcionarios del Ayuntamiento fueron sometidos a la justicia por desacatar cinco sentencias judiciales, incurrir en abuso de autoridad, atentar contra la libertad de empresa y violentar derechos constitucionales.
Los efectos por la acción del cabildo de la capital perjudica a una empresa publicitaria domínico-argentina establecida en Santo Domingo en 1999.
Los abogados Rolando De La Cruz Bello, Rafaela Espaillat Llinás, Eduardo Jorge Prats y Felix Damián Olivares Grullón, en representación de la empresa Impacto Urbano, anunciaron en rueda de prensa que la querella fue interpuesta a través del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero.
Incluye a los funcionarios municipales Domingo Contreras, secretario general; Angel Segura, Director de Tránsito Urbano; y José Miguel Martínez Guridy, Director de Defensoría del Espacio Público, quienes son responsabilizados junto a Salcedo de desmantelar 619 vallas lumínicas de publicidad.
Se indica que el desacato del funcionario es en violación a las decisiones de cinco tribunales dictado entre el 11 de junio del año 2001 y el 19 de septiembre de 2007, que ordenan al Ayuntamiento respetar las vallas lumínicas de Impacto Urbano.
El 3 de agosto de 2005, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el magistrado Marcos Vargas García, rechazó un recurso de apelación presentado por el síndico capitaleño, acogió la demanda en amparo de los derechos del contrato de concesión otorgado a Impacto Urbano.
Asimismo, ordenó a Roberto Salcedo dar ejecución al contrato transaccional definitivo suscrito por el ayuntamiento condicha empresa el 24 de julio de 2001.
La misma sentencia condenó a Salcedo a pagar una multa o astriente definitivo de diez mil pesos diarios contados a partir de la notificación del fallo judicial.
Los juristas mostraron a la prensa una copia de la certificación emitida por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, donde se hace constar que el Ayuntamiento no apeló la sentencia del 3 de agosto del año 2005, dictada por la Corte de Apelación reconociendo los derechos de Impacto Urbano.
Afirmaron que además de violentar cinco decisiones judiciales que adquirieron la condición de la cosa irrevocablemente juzgada, la administración de Salcedo desconoció un acuerdo transaccional firmado entre el pasado síndico Johnny Ventura y el empresario argentino Miguel Pedro Sheppard.
En ese contrato, el Ayuntamiento reconocía la legalidad de las operaciones de Impacto Urbano y se comprometía a respetar las sentencias de los tribunales.
Explicaron que en virtud del artículo 2052 del Código Civil, un acuerdo transaccional entre las partes tiene el carácter de la cosa juzgada en última instancia.
Los abogados, citaron el discurso de rendición de cuentas del año 2003 de Roberto Salcedo, en el cual reconoce que Impacto Urbano operaba con la anuencia del Ayuntamiento y había sido la primera en instalar vallas lumínicas publicitarias en la capital.
Conflicto de intereses
Los abogados de Impacto Urbano atribuyeron la decisión de Salcedo de sacar del mercado de la publicidad exterior a la empresa domínico-argentina para entregar la explotación del negocio a la empresa de inversión extranjera Equipamientos Urbanos Dominicanos (EUDOM).
Según la información, con esa empresa el Ayuntamiento firmó un contrato de asesoría para un supuesto programa de defensoría del espacio público
“De esta manera el síndico Roberto Salcedo colocó la gestión de los espacios públicos del Distrito Nacional bajo la orientación interesada de una empresa cuyos negocios dependían directamente de esa política, dándole la oportunidad de servirse con la cuchara grande, como efectivamente ha ocurrido”, argumentaron los abogados.
domingo, noviembre 25, 2007
Rusia: detienen a más opositores
 Los líderes de la coalición La Otra Rusia acusaron al Kremlin de lan
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La policía rusa detuvo este domingo a cerca de 150 opositores poco antes de que participasen en una marcha en las calles de San Petesburgo.
Entre los detenidos se encontraba el líder opositor Boris Nemtsov, quien más tarde fue liberado.
La protesta fue organizada por la coalición La Otra Rusia, que reúne a grupos contrarios al Kremlin. Sus miembros acusan al gobierno de actuar con violencia contra los disidentes, días antes de que se celebren las elecciones parlamentarias.
Se espera que el partido del presidente ruso, Vladimir Putin, gane los comicios que deben celebrarse el próximo 2 de diciembre.
Este sábado la policía detuvo en Moscú, la capital, a diversos activistas de la oposición, entre los que se encontraba el ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov.
Kasparov fue condenado a cinco días de prisión por encabezar una protesta no autorizada y por negarse a obedecer las órdenes de la policía.
Sin autorización
Según algunas informaciones, la marcha convocada en San Petesburgo reunió a centenares de manifestantes, un número inferior al de la protesta organizada este sábado en Moscú, que reunió a unas 3.000 personas.
Los opositores, portando flores blancas, se reunieron cerca de la sede central del partido Yabloko y se dirigieron al lugar donde debía empezar la protesta, para la que no tenían autorización. 
Según algunos corresponsales, el número de personas detenidas asciende a 200.
La policía detuvo primero varios miembros del Partido Nacional Bolchevique después de que luciesen pancartas de la formación, la cual ha sido prohibida.
Antes, Boris Nemtsov, el líder del partido opositor SPS y candidato a las elecciones presidenciales que deben celebrarse en marzo del año próximo, se dirigió a los congregados.
"Nos han prohibido poner en cuestión a Putin. Pero nosotros hemos venido hoy a preguntarle a Putin y a las autoridades: ¿por qué hay tanta corrupción en el país?"
Según algunos corresponsales, el número de personas detenidas asciende a 200.
Los líderes de la coalición La Otra Rusia acusaron al Kremlin de lanzar una operación de estilo militar contra aquellos que no apoyan lo que denominan "el culto a la personalidad de Putin".
Encefalogramas, con gran repercusión en tribunales EEUU -
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Por Martha Graybow
NUEVA YORK (Reuters) - Fue una de las peores matanzas en la historia de Estados Unidos. En agosto de 1966, Charles Whitman asesinó a su esposa y a su madre, luego subió a una torre de la universidad de Texas y con un rifle hirió de muerte a otras 14 personas, antes de que la policía lo matara.
El hombre dejó una nota que decía "No puedo identificar ninguna razón específica para hacer esto." La autopsia reveló que tenía un tumor cerebral, que algunos expertos dicen podría haber afectado sus acciones.
En ese momento, no había modo de detectar tal tumor sin una cirugía.
Pero actualmente, los científicos han desarrollado encefalogramas no invasivos que podrían revelar si una persona tiene una anomalía cerebral que podría afectar su toma de decisiones o provocar violencia, sin grandes implicancias para la ley.
Los neurocientíficos utilizan técnicas funcionales de representación a base de resonancia magnética, en las que la cabeza de una persona se coloca dentro de una máquina como un magneto gigante, para observar regiones neurales del cerebro que monitorean la conducta y regulan las emociones.
Es un campo nuevo, pero uno que podría en última instancia tener en el sistema legal un impacto tan dramático como las pruebas de ADN, dijo Michael Gazzaniga, director de un proyecto para estudiar las consecuencias de la neurociencia en el sistema judicial estadounidense.
La neurociencia "trata de comprender los mecanismos cerebrales que subyacen al comportamiento," explicó Gazzaniga, quien dirige el Centro Sage para el Estudio de la Mente en la Universidad de California, en Santa Bárbara.
En el caso de Whitman, es imposible saber con seguridad si el tumor dio lugar a sus acciones, pero ahora existe una fuerte evidencia científica que afirma que la presencia de anomalías cerebrales "sí aumenta las posibilidades de hacer algo violento," dijo Gazzaniga, también profesor de psicología.
La ciencia, sin embargo, presenta serios desafíos para el sistema legal, el cual podría verse desbordado por personas acusadas de crímenes armadas con resultados de encefalogramas tratando de probar que no deberían ser culpados por sus acciones.
También pone en discusión los complejos problemas del libre albedrío y privacidad, como por ejemplo si la sociedad debería tratar de internar a personas cuyos encefalogramas muestren defectos que podrían predisponerlos a la violencia.
"Debemos examinar con mucho cuidado cómo usar esa información de un modo significativo," dijo Gazzaniga.
"Alguien que presente una función cerebral anormal podría cometer un crimen, pero hay mucha gente con esa misma lesión que no forma parte de actividades criminales," agregó.
PROYECTO DE 10 MILLONES DE DOLARES
El proyecto de Ley y Neurociencia (www.lawandneuroscienceproject.org), financiado con una beca de tres años y 10 millones de dólares de la Fundación MacArthur, reúne a científicos, expertos en derecho y filósofos de más de una docena de universidades, al igual que a varios jueces.
Los organizadores del proyecto, cuya presidenta horaria es la ex jueza de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, dicen que tratarán cuestiones como cuándo las imágenes de los encefalogramas pueden ser presentadas en tribunales y cómo el sistema carcelario debería tratar con criminales convictos con anomalías cerebrales.
Los tribunales ya ven más casos en los que los defendidos quieren usar encefalogramas como evidencia atenuante.
A principios de octubre, una corte de apelaciones de Florida rechazó los argumentos de un hombre condenado por asesinato y robo, quien sostuvo que su abogado lo perjudicó al no presentar los resultados de un encefalograma que el acusado creía podía mostrar que el éxtasis y otras drogas que había consumido le impidieron pensar racionalmente.
La tecnología podría, además, transformar las demandas civiles, como cuando se trata de determinar si una víctima de un accidente automovilístico en un caso por daños personales aún siente dolor.
"¿Se trata de verdadero dolor o es imaginario?," dijo Gazzaniga. Podría ser posible "ponerlos en un escáner y ver si podemos detectar si se activan los centros del dolor," añadió.
La neurociencia, no obstante, claramente presenta desafíos para el derecho, el cual tradicionalmente ha adoptado una postura más bien definida respecto de la responsabilidad: las personas realizan los actos intencionalmente o no.
Pero a medida que los neurocientíficos descubren más sobre cómo nuestros cerebros afectan el comportamiento, la línea que separa la culpabilidad de la inocencia se vuelve más borrosa, dijo Jed Rakoff, un juez de distrito de Nueva York quien pertenece a la junta del proyecto.
"No quiero sobreestimar la situación, pero las implicancias a largo plazo son que el sistema legal incorporará más matices en cuanto al modo en que evalúa la responsabilidad," explicó.
"No es tan fácil decir si un hecho fue intencional o no. ¿Qué se hace con una situación intermedia?," se preguntó Rakoff.
Sin embargo, el magistrado dijo que hacer ingresar a la neurociencia a la corte no significa que los acusados con anomalías cerebrales merezcan un trato preferencial.
Rakoff comentó que la neurociencia estaba conduciendo a hallazgos sobre, por ejemplo, abusadores de sustancias, que sugieren que las raíces de la adicción se encuentran en el cerebro.
Tratar el problema podría requerir que un drogadicto tenga que atravesar un programa mucho más largo que los planes de rehabilitación con internación que los tribunales actualmente exigen.
El juez afirmó que seguramente habrá "mucha ciencia barata" que los abogados intentarán presentar apoyándose en hallazgos científicos. Uno de los objetivos del proyecto será darles pautas a los magistrados sobre el uso de la nueva ciencia.
"Esperamos que para el final de este período de tres años quede claro que la neurociencia puede ser útil para la ley cuando se aplica apropiadamente," dijo el presidente de MacArthur, Jonathan Fanton.
"Esta es una ciencia que ha avanzado dramáticamente en los últimos años y pensamos que si es usada adecuadamente podría hacer que nuestros sistema judicial sea más justo, compasivo pero también más racional," agregó.
(Editado en español por Patricia Avila)
EEUU no cumplió sus objetivos en Afganistán
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Un informe confidencial de la Casa Blanca concluyó que el gobierno de George W. Bush no logró los objetivos estratégicos fijados este año para Afganistán, invadido desde 2001, dijo The Washington Post este domingo.
La principal conclusión de los estadounidenses es que si bien han ganado batallas individuales contra los talibanes -alejados del poder desde la invasión-, otros aspectos siguen pendientes, dijo el diario.
"Hay muchos indicadores positivos", dijo un alto funcionario de inteligencia según el diario. "Vamos allá, realizamos nuestros objetivos y matamos a la gente mala", agregó.
Pero los talibanes no tienen problemas en encontrar reemplazos, agregó el funcionario.
"No parece haber muchos avances por allá, yo diría que para los talibanes las cosas van bastante bien", dijo.
El informe fue realizado a principios de noviembre por el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, según The Washington Post, que citó a funcionarios no identificados.
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