La violencia cobró 1,877 vidas durante los primeros once meses del año pasado, según está consignado en un informe de la Procuraduría General de la República. De estas muertes, 1,584 fueron homicidios.
Las restantes 293 muertes ocurrieron en intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, especifica el estudio publicado en la página web de esa dependencia.
El levantamiento arrojó que la provincia de mayor tasa de muertes violentas es La Altagracia (67). Esta es seguida por la provincia Santo Domingo (543). En tercer lugar quedó el Distrito Nacional (262).
(El informe de la Procuraduría General de la República establece una relación de una muerte violenta por cada 100 mil habitantes para determinar la tasa de muertes violentas.)
Del total de homicidios, se estableció que 727 están directamente ligados a la delincuencia, por lo que 305 fueron producto de riñas por drogas y 220 víctimas de robos o atracos.
De los restantes, 368 ocurrieron en pleitos personales y 238 en situaciones desconocidas, de acuerdo al levantamiento que hizo la Oficina de Estadística y Cartografía de la Policía Nacional, con informaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de las fiscalías del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago.
En 2007, sólo se asentaron tres casos de muertes por balas perdidas, lo que significa un dato esperanzador con relación a estadísticas de 2006 cuando hubo más de 90 afectados, en su mayoría niños.
El mes cuando ocurrieron más muertes violentas fue noviembre, con 223 casos. Ese mismo mes se registró la mayor cantidad de muertes en las que participaron agentes de la Policía, 70.
El documento incluye una lista de los sectores donde ocurrieron más muertes en la provincia Santo Domingo. Estos están encabezados por Villa Mella, con 68, seguido por Los Alcarrizos y Sábana Perdida, con 38 y 30 muertos, respectivamente.
También se cita a Los Mina (29), Herrera (29) y Boca Chica (28). En el Distrito Nacional la mayoría de muertes violentas y homicidios ocurrieron en el barrio Cristo Rey y Villas Agrícolas, con 23 y 14 crímenes. A estos les siguen las barriadas Capotillo (13), ensanche La Fe (12), 27 de febrero (11), Villa Consuelo (11) y Guachupita (10).
Las cantidad de muertes violentas ocurridas en las demás provincias del país es esta: Azua (21), Bahoruco (17), Santiago (161), Barahona (41), Dajabón (6), Duarte (61), El Seybo (19), Elías Piña (10), Espaillat (31), Hato Mayor (13), Independencia (3), La Romana (56), La Vega (59), María Trinidad Sánchez (18) y Monseñor Nouel (23).
También Monte Cristi (18), Monte Plata (22), Pedernales (3), Peravia (45), Puerto Plata (57), Salcedo (13), Samaná (16), San Cristóbal (130), San José de Ocoa (9), San Juan de la Maguana (44), San Pedro de Macorís (48), Sánchez Ramírez (15), Santiago Rodríguez (5) y Valverde (41).
lunes, enero 14, 2008
Detectan fraude en pensiones por RD$230 millones
SANTO DOMINGO.- La sustracción de fondos de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones de la Secretaría de Hacienda alcanzó, sólo en los pasados dos años, RD$230 millones de acuerdo con una auditoría que el pasado viernes entregó la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República. Originalmente se había estimado esta sustracción en unos RD$26 millones.
La auditoría fue entregada en el despacho del procurador adjunto Octavio Líster, director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), mediante el oficio 19 firmado por Andrés Terrero, presidente de la Cámara de Cuentas.
De acuerdo al documento introductorio de la auditoría, al cual tuvo acceso LISTÍN DIARIO, entre enero del 2005 y diciembre del 2006 se produjeron cobros por RD$58.1 millones a nombre de personas que no están en la nómina de pensionados y jubilados del Estado.
En ese mismo período se cobraron otros RD$171.4 millones utilizando los nombres de personas fallecidas.
La comunicación explica que la auditoría se hizo “utilizando el padrón electoral suministrado por la Junta Central Electoral (JCE) el 28 de diciembre del 2007” y agrega que éste “no contiene el 100% de las personas fallecidas, por lo que nos dificulta llegar a una opinión de si estos valores incluyen la totalidad de pensionados que ha fallecido.” Por este caso habían sido sometidos a la justicia nueve empleados de la secretaría de Hacienda.
Del expediente fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. A los involucrados se les impusieron medidas de coerción y el tribunal dio una prórroga al DPCA para seguir investigando.
Fueron incluidos en el expediente Servio Tulio Surcar Liriano, director de Pensiones; la subencargada Isabel María Soto; Ángel José Castro, encargado de Nómina Electrónica; Sandy Joel Castro, pagador externo; Leonardo Alberto Rodríguez, encargado de la división de Desarrollo y Sistemas del departamento de Informática, y Evelín Guzmán Soto, técnico de la sección de Pagos.
En junio pasado la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la puesta en libertad de Suncar Liriano mediante una garantía económica de RD$5 millones. Al grupo se le acusa de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado.
De acuerdo con las estimaciones de la auditoría el presuntó fraude podría ser mucho mayor, ya que se estima que ese tipo de operaciones se había realizado por varios años. La Cámara de Cuentas trata de extender las investigaciones a cuando menos diez años.
La auditoría fue entregada en el despacho del procurador adjunto Octavio Líster, director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), mediante el oficio 19 firmado por Andrés Terrero, presidente de la Cámara de Cuentas.
De acuerdo al documento introductorio de la auditoría, al cual tuvo acceso LISTÍN DIARIO, entre enero del 2005 y diciembre del 2006 se produjeron cobros por RD$58.1 millones a nombre de personas que no están en la nómina de pensionados y jubilados del Estado.
En ese mismo período se cobraron otros RD$171.4 millones utilizando los nombres de personas fallecidas.
La comunicación explica que la auditoría se hizo “utilizando el padrón electoral suministrado por la Junta Central Electoral (JCE) el 28 de diciembre del 2007” y agrega que éste “no contiene el 100% de las personas fallecidas, por lo que nos dificulta llegar a una opinión de si estos valores incluyen la totalidad de pensionados que ha fallecido.” Por este caso habían sido sometidos a la justicia nueve empleados de la secretaría de Hacienda.
Del expediente fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. A los involucrados se les impusieron medidas de coerción y el tribunal dio una prórroga al DPCA para seguir investigando.
Fueron incluidos en el expediente Servio Tulio Surcar Liriano, director de Pensiones; la subencargada Isabel María Soto; Ángel José Castro, encargado de Nómina Electrónica; Sandy Joel Castro, pagador externo; Leonardo Alberto Rodríguez, encargado de la división de Desarrollo y Sistemas del departamento de Informática, y Evelín Guzmán Soto, técnico de la sección de Pagos.
En junio pasado la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la puesta en libertad de Suncar Liriano mediante una garantía económica de RD$5 millones. Al grupo se le acusa de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado.
De acuerdo con las estimaciones de la auditoría el presuntó fraude podría ser mucho mayor, ya que se estima que ese tipo de operaciones se había realizado por varios años. La Cámara de Cuentas trata de extender las investigaciones a cuando menos diez años.
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