SANTO DOMINGO.- La sustracción de fondos de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones de la Secretaría de Hacienda alcanzó, sólo en los pasados dos años, RD$230 millones de acuerdo con una auditoría que el pasado viernes entregó la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República. Originalmente se había estimado esta sustracción en unos RD$26 millones.
La auditoría fue entregada en el despacho del procurador adjunto Octavio Líster, director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), mediante el oficio 19 firmado por Andrés Terrero, presidente de la Cámara de Cuentas.
De acuerdo al documento introductorio de la auditoría, al cual tuvo acceso LISTÍN DIARIO, entre enero del 2005 y diciembre del 2006 se produjeron cobros por RD$58.1 millones a nombre de personas que no están en la nómina de pensionados y jubilados del Estado.
En ese mismo período se cobraron otros RD$171.4 millones utilizando los nombres de personas fallecidas.
La comunicación explica que la auditoría se hizo “utilizando el padrón electoral suministrado por la Junta Central Electoral (JCE) el 28 de diciembre del 2007” y agrega que éste “no contiene el 100% de las personas fallecidas, por lo que nos dificulta llegar a una opinión de si estos valores incluyen la totalidad de pensionados que ha fallecido.” Por este caso habían sido sometidos a la justicia nueve empleados de la secretaría de Hacienda.
Del expediente fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. A los involucrados se les impusieron medidas de coerción y el tribunal dio una prórroga al DPCA para seguir investigando.
Fueron incluidos en el expediente Servio Tulio Surcar Liriano, director de Pensiones; la subencargada Isabel María Soto; Ángel José Castro, encargado de Nómina Electrónica; Sandy Joel Castro, pagador externo; Leonardo Alberto Rodríguez, encargado de la división de Desarrollo y Sistemas del departamento de Informática, y Evelín Guzmán Soto, técnico de la sección de Pagos.
En junio pasado la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la puesta en libertad de Suncar Liriano mediante una garantía económica de RD$5 millones. Al grupo se le acusa de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado.
De acuerdo con las estimaciones de la auditoría el presuntó fraude podría ser mucho mayor, ya que se estima que ese tipo de operaciones se había realizado por varios años. La Cámara de Cuentas trata de extender las investigaciones a cuando menos diez años.
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