POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
-DE HOY, MATUTINO DOMINICANO-
En la elección esta semana de los jueces de la Junta Central Electoral volvió a regir el viejo aforismo popular de que a quien reparte y reparte le toca la mayor parte, pues el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedó en control de la Cámara Administrativa, encargada de organizar los procesos electorales.
Pero debe acreditarse a la mayoría peledeísta que ha sabido repartir y escoger a varios abogados y politólogos de reputación, dejando a los partidos de oposición sin argumentos para objetar la composición del tribunal electoral y al Revolucionario Dominicano (PRD) una vez más revolcándose en sus propias mezquindades.
De nuevo perdieron quienes postulaban que el tribunal de elecciones fuera constituido por abogados que no tuvieran ni militancia ni vínculos estrechos con los partidos políticos para que representaran fundamentalmente los intereses de la sociedad y no los de sus agrupaciones preferidas.
Balance aceptable
Una vez más hubo repartición política en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, aunque el balance es aceptable en cuanto hay mayor equilibrio político que en la anterior elección hace 4 años que tuvo que ser enmendada posteriormente con la ampliación del número de jueces.
De los nueve anteriores integrantes del organismo, considerado generalmente como incondicional a los intereses del PRD, sólo fue reelecto el doctor Roberto Rosario, precisamente el más politizado de todos, pues fue el único que salió de la dirección nacional de un partido para el tribunal.
Rosario, quien era miembro del Comité Central del PLD, fue electo juez electoral en diciembre del 2002, junto al doctor Rafael González Pantaleón, 3 meses después que los perredeístas eligieran los 7 titulares originales en sesión sorpresiva del Senado, sin previa consulta con los demás partidos ni con las instituciones sociales.
Aquella decisión originó una confrontación política y cuestionamientos al perredeismo no solo por parte de los otros partidos, sino también de las organizaciones de la sociedad civil. El diferendo se zanjó con un diálogo político convocado por el presidente Hipólito Mejía. La solución consistió en ampliar a 9 el número de jueces para incluir dos presentados por el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Mediante una ley también se dividieron las funciones de la JCE en dos cámaras, una administrativa y la otra contenciosa, pero cuyos titulares confluyen en un plenario donde el presidente del organismo queda con pocos poderes, casi como figura protocolar y vocero. Eso llevó a la renuncia del doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien presidía el organismo, desde la anterior elección del 1998.
De los primeros 7 jueces electos en el 2002, por lo menos seis tenían vínculos con el PRD y la doctora Rafaelina Peralta con el PRSC. Pero ninguno salió de un organismo de dirección nacional partidista.
Tal vez bajo la convicción de que las mayorías deciden, tanto los dirigentes del PRD como los del PRSC han expresado esta vez su conformidad con la integración de la JCE. Y esa es una diferencia fundamental en relación a lo ocurrido hace 4 años. De cualquier forma ahora hay más equilibrio por la presencia de reconocidos profesionales de fuerte personalidad y criterios propios, aunque algunos tengan vínculos con partidos.
Perdieron los que como el movimiento cívico Participación Ciudadana abogaban por una JCE sin infiltraciones partidarias. Lo que no implica que los nuevos jueces sean estigmatizados ni que no puedan desempeñar una buena labor.
El papel de Castaños
El doctor Julio César Castaños Guzmán heredó de su padre Julio César Castaños Espaillat, no sólo el nombre sino también una marcada vocación jurídica, inclinación por la actividad académica y afición a la política. Aquel fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en tres ocasiones, casi siempre en momentos críticos de las primera década tras la liquidación de la tiranía de Trujillo.
Vinculado al movimiento renovador de la UASD, pasó a formar parte del PRD, donde llegó a ser considerado para la candidatura presidencial en 1974, y luego al PRSC, en cuyas filas le sorprendió una temprana muerte.
El nuevo presidente de la JCE es catedrático de la Universidad Católica Madre y Maestra, preside una fundación que promueve la institucionalidad democrática y fue miembro del PRSC, pero sin categoría relevante. En el último período de gobierno del doctor Joaquín Balaguer se desempeñó como Procurador Fiscal del Distrito Nacional, posición en la que demostró firme carácter y gran independencia de criterios.
Castaños Guzmán puede ser considerado un abogado con suficiente independencia para desempeñarse en la presidencia de la JCE y realizar una excelente labor. Está ligado a la Iglesia Católica y a las instituciones de la sociedad civil, en cuyas actividades ha sido un asiduo participante. Uno de sus tres hermanos, todos abogados, es el actual director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Servio Tulio Castaños.
Por demás el doctor Castaños tiene un amplio espíritu conciliador, también heredado de su padre, que le permitiría asumir un liderazgo en la JCE, reivindicando aunque sea parcialmente los poderes que antes conllevaba su cargo.
Importantes desafíos
Bajo la presidencia de Castaños Guzmán la JCE tendría no sólo el desafío de organizar dos procesos electorales, sino también de concluir la automatización del registro civil y de impulsar importantes reformas que tiene pendiente la sociedad dominicana, como una ley de partidos políticos que fortalezca la democracia interna y los haga más transparentes.
Otro de los desafíos es la aplicación de la ley electoral, especialmente en la vigilancia de los ingresos y gastos de los partidos, incluyendo la auditoría de sus fondos que consigna su artículo 52 y la limitación de los períodos de campaña electoral acordes con sus artículos 87 y 88.
En términos constitucionales la JCE debería impulsar la reforma del artículo 92 para separar por completo, en dos organismos autónomos, las funciones administrativas y las contenciosas, algo que se pactó ya en 1993 en el consenso con los partidos y entidades sociales que auspició la Fundación Siglo 21.
En esas transformaciones el doctor Castaños podría contar con el respaldo de los jueces que son abogados y politólogos inclinados a las reformas para mejor el sistema político, como son los doctores Aquino y Piña, así como con la doctora Fernández y el doctor Mariano Rodríguez, quien durante varios años ha presidido la Junta Electoral del Distrito Nacional y es un académico de probada vocación democrática.
Pero el mayor de los desafíos de esta junta es dejar atrás un largo período de incertidumbres y objeciones al arbitraje electoral y constituirse en un organismo fuerte, independiente y autónomo, capaz de ayudar a contener el desbordamiento y el descrédito del partidismo político.-
Inclinación morada
Con la elección ayer del doctor Rosario para presidir la Cámara Administrativa, el tribunal electoral tiene una inclinación hacia los intereses del partido morado de gobierno. A otro de los integrantes de esa cámara, el doctor César Francisco Féliz, se le vincula al PRSC, que lo habría propuesto. El tercero es un abogado y politólogo, José Angel Rodríguez, cercano a los peledeístas, quien trabajó en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado durante el anterior gobierno del doctor Leonel Fernández. En los últimos años manejó un proyecto de reformas de Participación Ciudadana.
Por igual se consideran vinculados al PLD las doctoras Aura Celeste Fernández y Leyda Margarita Piña, así como el doctor John Guilliani. Estas dos mujeres han desempeñado importantes funciones en los dos gobiernos del PLD, pero compensa el hecho de que ambas, al igual que Aquino Rodríguez, son consideradas profesionales de integridad y personalidad propia. El doctor Guilliani ha tenido menos visibilidad en las actividades políticas.
La doctora Fernández sonó insistentemente como posible presidenta de la JCE, y al comienzo de esta semana dirigió una carta al Diario Libre donde aludía a esas versiones y se pronunciaba vigorosamente por la elección de jueces independientes que no llevaran al organismo los intereses de los partidos.
Cuando se conocieron los términos de su planteamiento analistas políticos dieron por hecho que no sería escogida para presidir, pues contradecía el criterio predominante en los tres partidos mayoritarios que buscaban tener al menos uno de los suyos dentro del tribunal electoral. El jueves circularon insistentes rumores de que rechazaría la designación en la JCE, de la que fue parte en el período 1994-98, bajo la presidencia del doctor César Estrella Sadhalá.
La elección fue ocasión para poner de relieve una vez más las dolencias intestinas del PRD, ya que dos senadores de este "amarraron" con los peledeístas para desconocer la recomendación del presidium perredeista que había recomendado para juez electoral al doctor Rafael Diaz Filpo, vinculado al grupo de Rafael Suberví Bonilla.
Se afirma que el expresidente Hipólito Mejía movió hilos de poder para que escogieran como titular a Hedí Olivares, un abogado que fue funcionario del pasado gobierno. Díez Filpo, electo suplente, fue el único de los escogidos que no se juramentó el viernes.
En el trasfondo de la elección quedó también de manifiesto el poder de Danilo Medina en las decisiones del PLD, pues él había favorecido públicamente la elección de Roberto Rosario, mientras el presidente Fernández lo había objetado por ser un dirigente de su partido. En fuentes bien informadas se dijo que el mandatario favorecía la continuidad del doctor Luis Arias o en su lugar a la doctora Fernández.
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