Washington.Brasil y República Dominicana prohibieron al FMI publicar las opiniones de los expertos del organismo sobre su política económica y otros países lo permitieron con retrasos que, en el caso de Honduras, fueron de casi un año.
El ejemplo más extremo en América Latina es el de Venezuela, que desde hace cinco años, como mínimo, no ha autorizado la publicación de ninguna de las evaluaciones anuales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho de su economía.
Sobre los casos de Brasil y República Dominicana, se expresa que ambos países ni siquiera han permitido que el público y sus propios ciudadanos conozcan el contenido del informe.
Las propias normas del FMI dan opción a los estados para que permitan o no la publicación de las conclusiones del organismo sobre sus políticas económicas.
Esas conclusiones se desprenden de un análisis realizado por Efe de los documentos disponibles en la base de datos pública del Fondo, que revela atrasos generalizados en la divulgación de los documentos relacionados con la revisión anual de la economía de sus miembros, conocida como “Artículo IV”.
La culpa no es del FMI, al que frecuentemente se acusa de falta de transparencia en América Latina, sino de los gobiernos que, por lentitud burocrática o intereses políticos, no permiten la divulgación a tiempo.
El “Artículo IV” supone el análisis más amplio que realiza el Fondo sobre la salud económica de los países miembros y se inicia con una visita de una delegación de economistas al país, donde se entrevistan con las autoridades.
De vuelta a Washington, escriben un informe que sirve de base para un debate en el Consejo Ejecutivo del Fondo, su máximo órgano de supervisión en el día a día y en el que están representados los 184 países miembros.
El procedimiento habitual es que “como mucho” 15 días tras esa reunión se publique un resumen, denominado “Notificación Informativa Pública” (PIN, en inglés), con las conclusiones de la discusión, según explicó un funcionario del FMI.
Sin embargo, en los últimos “Artículos IV” la divulgación del PIN superó ese plazo en los casos, por ejemplo, de República Dominicana (con un atraso de casi dos meses desde la fecha de la reunión), Guatemala (con un atraso de dos meses), México (algo más de un mes), Nicaragua (cinco meses) y Panamá (un mes).
Hubo que esperar para conocer el informe de los expertos del FMI que sirvió de base para el debate en el directorio.
El ejemplo más extremo en América Latina es el de Venezuela, que desde hace cinco años, como mínimo, no ha autorizado la publicación de ninguna de las evaluaciones anuales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho de su economía.
Sobre los casos de Brasil y República Dominicana, se expresa que ambos países ni siquiera han permitido que el público y sus propios ciudadanos conozcan el contenido del informe.
Las propias normas del FMI dan opción a los estados para que permitan o no la publicación de las conclusiones del organismo sobre sus políticas económicas.
Esas conclusiones se desprenden de un análisis realizado por Efe de los documentos disponibles en la base de datos pública del Fondo, que revela atrasos generalizados en la divulgación de los documentos relacionados con la revisión anual de la economía de sus miembros, conocida como “Artículo IV”.
La culpa no es del FMI, al que frecuentemente se acusa de falta de transparencia en América Latina, sino de los gobiernos que, por lentitud burocrática o intereses políticos, no permiten la divulgación a tiempo.
El “Artículo IV” supone el análisis más amplio que realiza el Fondo sobre la salud económica de los países miembros y se inicia con una visita de una delegación de economistas al país, donde se entrevistan con las autoridades.
De vuelta a Washington, escriben un informe que sirve de base para un debate en el Consejo Ejecutivo del Fondo, su máximo órgano de supervisión en el día a día y en el que están representados los 184 países miembros.
El procedimiento habitual es que “como mucho” 15 días tras esa reunión se publique un resumen, denominado “Notificación Informativa Pública” (PIN, en inglés), con las conclusiones de la discusión, según explicó un funcionario del FMI.
Sin embargo, en los últimos “Artículos IV” la divulgación del PIN superó ese plazo en los casos, por ejemplo, de República Dominicana (con un atraso de casi dos meses desde la fecha de la reunión), Guatemala (con un atraso de dos meses), México (algo más de un mes), Nicaragua (cinco meses) y Panamá (un mes).
Hubo que esperar para conocer el informe de los expertos del FMI que sirvió de base para el debate en el directorio.
Nueva política del FMI
El portavoz del Fondo, Masood Ahmed, explicó que “en algunos casos, los países no están todavía cómodos con la publicación de la información, pero la premisa y la tendencia generales es de un aumento progresivo del número de publicaciones”.
Esa actitud del Fondo es nueva. En los 90 era difícil confirmar si había enviado una delegación a un país miembro, pues trataba esa información como “un secreto”, según una fuente del organismo.
“Hace diez años no se publicaba virtualmente nada”, reconoció Ahmed. Los nuevos vientos en el FMI chocan con las barreras de los gobiernos que aplazan deliberadamente o prohíben publicar opiniones que no les son favorables.
Esa actitud del Fondo es nueva. En los 90 era difícil confirmar si había enviado una delegación a un país miembro, pues trataba esa información como “un secreto”, según una fuente del organismo.
“Hace diez años no se publicaba virtualmente nada”, reconoció Ahmed. Los nuevos vientos en el FMI chocan con las barreras de los gobiernos que aplazan deliberadamente o prohíben publicar opiniones que no les son favorables.
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