Diputado aprista defiende ahora su acusado del ayer

poca memoria.

Indignado porque este diario reveló que la Quinta Fiscalía Anticorrupción investiga al primer vicepresidente de la República, vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, por su participación en la compra irregular de armamento entre 1994 y 1995, el líder de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), Javier Velásquez Quesquén, atribuyó la publicación a una supuesta "campaña de desprestigio". Acto seguido, en nombre de la bancada gobiernista, Velásquez Quesquén desagravió al oficial en retiro. Sin embargo, en 2003, como integrante de la comisión investigadora que presidió el legislador Ernesto Herrera, el parlamentario aprista suscribió un informe final en el que se señala la responsabilidad de Giampietri en ocho licitaciones de la Marina, porque favorecieron a empresas vinculadas con Vladimiro Montesinos.

Y no sólo eso.

Los papeles hablan

Ve

Hace menos de dos años, Velásquez Quesquén (Apra) sustentó informe acusatorio contra Giampietri, pero ahora lo defiende porque está en el gobierno.

lásquez Quesquén, quien se encargó de hacer cumplir las conclusiones de las comisiones parlamentarias que investigaron los actos ilícitos de las FFAA y del SIN durante la dictadura de Alberto Fujimori, sustentó personalmente ante el Pleno del Congreso los resultados de su trabajo, el 6 de diciembre de 2004.

En esa ocasión, como puede verificarse en el Diario de Debates, reiteró que algunos oficiales de la Marina encargados de las adquisiciones, entre los que se encontraba Giampietri, cometieron actos reñidos con la ley.

"En el caso de la Marina de Guerra, (...) por ejemplo, sobre una adjudicación directa a través de una licitación privada para la compra de misiles antiaéreos, de fecha 29 de diciembre de 1995, no existe acta del comité de adquisiciones (...)". Se refería a un caso en el que intervino Giampietri. Y dijo más: "Los protagonistas de esta red de corrupción, entre ellos, ministros, oficiales de la Marina, Ejército y FAP, aprovechándose de su capacidad de decisión sobre el proceso de evaluación de la calidad de armamento y las empresas que las suministrarían, favorecieron a un grupo determinado de compañías relacionadas con Montesinos". La compañía que se benefició por la compra mencionada es "B & F Comercialización y Representaciones", de propiedad de prófugo traficante de armas Enrique Benavides Morales.

En la misma exposición Velásquez Quesquén sostiene que los involucrados recibieron dinero: "Las empresas beneficiadas tenían como modus operandi otorgar comisiones (...) (a) los encargados de la elaboración de los informes técnico, económico y logístico de la FAP y miembros del Comité de Adjudicaciones de la Marina". Giampietri fue presidente y miembro de varios Comités de Adjudicaciones de la Marina.

Aunque en la misma presentación Velásquez Quesquén pidió retirar los nombres de los oficiales relacionados con los hechos (pero no los cargos contra estos), solicitó que todo lo investigado pasara al Ministerio Público. El informe recibió la aprobación de la mayoría (80 votos), entre ellos, todos los apristas.

La República no pudo ubicar al congresista Velásquez Quesquén. En su lugar, habló el secretario general del Apra, el legislador Mauricio Mulder, quien ensayó la siguiente respuesta: "Yo no estoy al tanto de lo que el congresista Velásquez Quesquén señaló en ese informe, pero a lo mejor los descargos (de Giampietri) no fueron lo suficientemente sólidos en ese momento. Dejemos que la Contraloría y el Ministerio Público hagan su trabajo al respecto".

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