Institucionalidad. Viyella de Paliza pidió que se
(DE EL CARIBE)
Pese a las políticas de austeridad anunciadas continuamente por las autoridades, entre enero y mayo de este año la nómina pública aumentó en unas 30 mil plazas, y el Estado aun carece de un plan de racionalidad en sus gastos, afirmó ayer el Conep.
Al divulgar el dato en el marco del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), Elena Viyella, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), exhortó a las autoridades a reducir las nóminas “supernumerarias” e implementar, en cambio, un plan de austeridad y racionalidad en el gasto público. En este orden, reclamó que se “profesionalice y profundice” la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
La dirigente empresarial recordó, además, que en el próximo año empiezan a vencerse préstamos que han sido renegociados por el país y cuyo saldo o “repago” forma parte de la renegociación de la deuda externa y es por tanto un ingrediente importante de la estabilidad económica.
Reiteró que la próxima entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) entraña muchas oportunidades, pero también “grandes retos” que demandan reformas estructurales para convertir a República Dominicana en “una fuerza caribeña competitiva y eficiente”.
Entre los cambios institucionales que aun están pendientes mencionó, como parte de la “reforma financiera” que precisa el Estado, la nueva Ley Orgánica de Presupuesto y la modificación a la Ley Monetaria y Financiera “que fortalece la independencia del Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos.
Externó que todas las entidades del Estado y del sector privado necesitan aunar políticas dirigidas a mejorar el clima de negocios y la competitividad de los sectores productivos de cara al libre comercio.
Electricidad. En este aspecto, reprochó que mientras el 50 por ciento de los usuarios no pagan el servicio, “el Estado subsidia el incumplimiento” aportando fondos que deberían orientarse hacia otras áreas prioritarias, como salud o educación.
“El Estado debe asumir el liderazgo de indicar su decisión de resolver el problema eléctrico de una vez por todas”, dijo.
Demanda claridad en el caso Verizon
El presidente de la Amcham, Kevin Manning, aprovechó el escenario para abogar porque el litigio que enfrenta a las autoridades de Impuestos Internos y la empresa Verizon Dominicana “sea resuelto prontamente, de acuerdo a lo establecido en la ley” y sin violar normas o convenios internacionales.
“Obviamente este es un caso en donde debe existir absoluta claridad para los actuales y potenciales inversionistas extranjeros”, indicó.
Verizon objeta el requerimiento para el pago de unos RD$17 mil millones que le hiciera la DGII por concepto de la venta de sus acciones al consorcio mexicano Telmex.
A toda máquina para el DR-Cafta
Hans Hertell, embajador de los EE.UU. en el país, refirió que esa nación no descarta la posibilidad de que el Dr-Cafta entre en vigor para RD en el presente año. “Esperamos que así sea. Estamos trabajando como si así fuera el caso”.
Destacó la importancia que para ello tiene la pronta aprobación en el Congreso del conjunto de leyes que el país “tiene que sancionar para implementar las obligaciones y acuerdos” del tratado. “No estamos exigiendo más de lo que se negoció y acordó, pero creo que todo se está resolviendo de una manera satisfactoria tanto para RD como para Washington, expresó Hertell, al referirse a las objeciones del sector farmacéutico local a cláusulas del TLC.
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