OKLAHOMA CITY, Oklahoma.-Oklahoma pasó a engrosar la lista de estados que aprueban leyes tendientes a combatir la inmigración ilegal y los efectos no se hicieron esperar: activistas hispanos dicen que miles de indocumentados se fueron del estado incluso antes de que entrasen en vigor las nuevas disposiciones.
Agrupaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes dicen que unos 20.000 indocumentados se fueron tan solo de Tulsa en las últimas semanas. El temor es tal vez mayor allí ya que los colaboradores del sheriff fueron entrenados para ayudar a los agentes federales de inmigración.
El 1ro de noviembre entran en vigor en Oklahoma leyes tendientes a compensar a la inoperancia del Congreso en sus esfuerzos por producir una reforma migratoria. Las medidas, similares a otras aprobadas en estados como Arizona, Colorado y Georgia, eliminan muchos beneficios públicos que recibían los indocumentados y disponen que las empresas corroboren el status legal de todo potencial empleado a través de un banco de dato del gobierno federal.
Las nuevas leyes dan mayores atribuciones a la policía para que identifique, detenga y entregue indocumentados a las autoridades migratorias. Además, convierte en delito el que alguien transporte o asista a un indocumentado.
La policía de Oklahoma City no ha seguido el ejemplo de la de Tulsa porque dice que ya tiene una carga bastante pesada combatiendo la delincuencia y no quiere asumir funciones de las autoridades de inmigración.
El jefe de la policía de Oklahoma City Bill Citty afirmó que sus agentes harán respetar las leyes, pero no corroborarán el status legal de los hispanos si no han cometido infracción alguna.
Citty cree que muchos indocumentados no denuncian robos ni otros delitos porque temen el contacto con la policía.
En Oklahoma City, la mayoría de los hispanos viven en el sector sudoeste de la ciudad. Han abierto negocios y frecuentan iglesias que en el pasado recibían casi exclusivamente residentes blancos en el barrio de Capitol Hill. En Tulsa, los hispanos están más dispersos.
El director de la escuela primaria Columbus Elementary School de Oklahoma City, en la que el 85% de los estudiantes son hispanos, se siente alarmado.
"Conozco familias de indocumentados que son gente honesta y trabajadora, que debería ser tratada con solidaridad, dignidad y justicia", expresó el director, Phil Cunningham.
Pat Fennel, director de la Latino Community Development Agency de Oklahoma City, considera que las nuevas leyes podrían ser muy negativas para los hijos de indocumentados.
"Estos chicos son ciudadanos estadounidenses, pero están en una tierra de nadie. El país donde nacieron no los quiere, y tampoco los quiere el país de sus padres", manifestó.
La iniciativa contó con la oposición de hacendados y algunos comerciantes que dicen que el estado necesita a los inmigrantes. A raíz de esa oposición, se postergó hasta el 1ro de julio del 2008 una disposición por la cual se debe constatar el status migratorio de una persona antes de ser empleada.
Al firmar la ley, que fue promovida por los republicanos, el gobernador demócrata Brad Henry instó a que se tomen las medidas necesarias para asegurarse de que no se cometen injusticias.
"Si bien algunos dirán que esta legislación marca un hito, la verdad es que no abordaremos el tema de la reforma migratoria seriamente hasta que no intervenga el gobierno federal", sostuvo.
Manuel, un mexicano de 23 años y uno de varios indocumentados que hablaron con la AP a condición de que no se usasen sus apellidos, tiene tres hijos y una esposa que son todos nacidos en Estados Unidos y residentes legales.
"Esto es atroz. No quiero regresar a México. No conozco a nadie allí. Tenía tres años cuando mis padres me trajeron. Ahora tengo hijos", expresó. "No quiero dejarlos. No sé si podría volver alguna vez".
"Trabajo mucho. Pago impuestos. Me siento estadounidense, de Oklahoma, pero estoy siempre cuidándome las espaldas", manifestó.
José y Luz son dos colombianos cuarentones dueños de una exitosa empresa de limpieza en Oklahoma City. José es ingeniero y Luz dentista, pero no pueden ejercer sus profesiones en Estados Unidos. Llegaron hace ocho años y tienen tres hijos, una casa y una buena vida.
Sin embargo, los acosa la sensación de que en cualquier momento pueden ser descubiertos, especialmente al entrar en vigor las nuevas leyes.
"Luz no puede dormir. Está deprimida y debe tomar medicinas", dice Mario, hermano de José. "Son buenas personas, con muchos valores morales. Consideraron la posibilidad de regresar a Colombia, pero sería muy duro para los chicos".
"Es casi imposible regularizar su situación cuando uno es indocumentado, a menos que se case con un ciudadano estadounidense", acotó.
Alejandra, peruana de 21 años, estudia en la universidad y trabaja a tiempo parcial vendiendo productos por teléfono en Tulsa, a donde llegó en el 2003 con una visa de seis meses. Dice que muchos de sus amigos, en su mayoría mexicanos que sus padres trajeron al país cuando eran niños, temen por el impacto que puedan tener las nuevas leyes.
"Es como si los deportasen de su propio país. Una de mis mejores amigas acaba de irse a Oregón con sus dos bebés", expresó.
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