-DEL LISTIN DIARIO, MATUTINO DOMINICANO-
Un juez argentino libró ayer una orden de captura internacional contra la ex presidenta de Argentina, María Estela Martínez (1974-1976), viuda del general Juan Perón, en el marco de una causa por la desaparición de un joven durante su gobierno.
El magistrado federal Raúl Acosta de la ciudad de San Rafael (provincia de Mendoza) envió un oficio a Interpol para que detengan a Martínez tras hacerla responsable de la firma de tres decretos que habilitaron la desaparición de personas.
''A la hora de la relación de los imputados con la causa, ella era mandataria del país. Las detenciones de San Rafael se produjeron en el marco de esos decretos y se hicieron por el Ejército y la policía de Mendoza'', dijo el juez en declaraciones a una radio local.
María Estela Martínez, que al morir Perón en julio de 1974 le sucedió en la jefatura del Estado, reside en las afueras de Madrid.
Acosta investiga la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti Gallego, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a la viuda de Perón, también conocida como ``Isabelita''.
El juez considera que esa desaparición fue avalada por la firma de tres decretos en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas para ''aniquilar el accionar de los elementos subversivos'', lo que implicaría una acción de terrorismo de Estado.
El abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, dijo en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires que espera ver ''cómo se resuelve la orden de detención librada'' y señaló que aún no tuvo ''ninguna comunicación'' con la ex mandataria, de 75 años.
En la causa también están involucrados otros miembros del gabinete de Martínez, como el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf; el ex ministro de Economía Antonio Cafiero; el ex canciller Manuel Arauz Castex; el ex ministro de Defensa Tomás Vottero; el ex titular de Bienestar Social Carlos Emery, y el entonces ministro del Interior Ángel Federico Robledo, ya fallecido.
Los tres decretos constituyeron un Consejo de Seguridad Interna y facultaron a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban ''bajo su control operacional'' al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales para su empleo inmediato en la lucha contra la ``subversión''.
También facultaron a las Fuerzas Armadas a ''proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad'' que fueran ``necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país''.
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