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WASHINGTON, D.C.— La Cámara Alta votó ayer a favor de derogar la autoridad del gobierno para designar fiscales federales sin aprobación del Congreso, en respuesta al escándalo que envuelve al secretario de Justicia Alberto Gonzales por el despido de varios fiscales.
Por 94 votos a favor y dos en contra, el Senado aprobó la moción que cancela la cláusula en la ley antiterrorista conocida como Ley Patriota, que permitía al secretario de Justicia designar fiscales sin necesidad de que fueran confirmados por el Senado.
Por su parte, el presidente George W. Bush le advirtió a los demócratas que dejen de politizar la pesquisa de los despidos de fiscales federales y acepten su oferta de permitir que su asesor Karl Rove y otros funcionarios de la Casa Blanca declaren en privado y no bajo juramento.
Lamentó, asimismo, el "espectáculo público" de los demócratas buscando acumular puntos políticos.
Y aseguró: "Me opondré a los intentos de emplazar a funcionarios de la Casa Blanca".
Los demócratas rechazaron la oferta y dijeron que si no hay nada que ocultar, Rove y los demás funcionarios deben testificar en público y bajo juramento, indicó el presidente del panel Judicial del Senado, Patrick Leahy.
Bush reiteró su apoyo al abatido Secretario de Justicia, Alberto Gonzales, el primer hispano en la historia del país en servir en ese puesto, y aunque los llamados a su salida se intensifican incluso entre los republicanos, Bush dijo: Gonzales "tiene mi apoyo".
En una corta alocución desde la Casa Blanca, Bush sostuvo que "no es demasiado tarde para los demócratas para dejar de lado el partidismo" porque hay que trabajar juntos en el avance de medidas legislativas entre las que mencionó la reforma migratoria integral.
El Presidente salió a defender la propuesta que formuló el asesor legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, a los comités judiciales del Congreso para que Rove, la ex asesora legal de Bush Harriet Miers, el vice asesor legal de la Casa Blanca William K. Kelley y el asesor político Scott Jennings sean entrevistados en privado, sin prestar juramento y sin transcripción en torno a la decisión de despedir a ocho fiscales federales.
Según la Administración, los despidos tras la reelección de Bush en 2004 se basaron en el desempeño de los fiscales, pero según los demócratas las pruebas apuntan a que fueron políticamente motivados porque algunos de los fiscales investigaba a figuras republicanas o las pesquisas que involucraban a demócratas no se habían concretado .
Bush lo rechazó: "No hay ninguna indicación de que nadie haya hecho nada impropio".
Un reportero cuestionó que si es así por qué no permitir el testimonio bajo juramento de los funcionarios en audiencias públicas. Bush respondió que intenta evitar precedentes que hagan que en un futuro funcionarios no se sientan en la libertad de expresar abiertamente sus ideas al presidente en turno.
Bush lamentó lo que está ocurriendo con los fiscales, pero reiteró que son puestos que se cambian a discreción del Presidente y que la Administración está colaborando abiertamente. Pero no piensa ser parte, dijo, de intentos partidistas dirigidos a "servidores públicos honorables" y la propuesta sobre la mesa "es razonable".
"Si el deseo [de los demócratas] es acumular puntos políticos, entonces el rechazo de esta razonable propuesta será evidente para los estadounidenses", declaró Bush.
El subcomité sobre Ley Comercial y Administrativa del Panel Judicial de la Cámara Baja, que preside la congresista demócrata de California, Linda Sánchez, votaría hoy, miércoles, para autorizar la emisión de citatorios contra Rove y los otros funcionarios, y el Panel Judicial del Senado lo haría mañana jueves.
Sánchez indicó que consideran la oferta de la Casa Blanca sin cerrar la puerta a forzar los testimonios mediante citatorios.
Por otro lado, el senador demócrata de Colorado, Ken Salazar, se unió al coro de críticos de Gonzales al decir que hay indicaciones de que el funcionario no habría distinguido entre representar al Presidente y representar a los estadounidenses. Si de hecho cruzó la línea, entonces Gonzales "habrá perdido el derecho a dirigir el Departamento de Justicia", afirmó Salazar.
La Casa Blanca rechazó ayer que ya esté buscando sustitutos para Gonzales.
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