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SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional acusó ayer a jueces de la Instrucción, sobre todo interinos, de actuar en complicidad con narcotraficantes a los cuales favorecen con sentencias benignas.
El coordinador del Departamento de Investigación de Consumo y Tráfico de Drogas de la Fiscalía del DN, Gustavo de los Santos Coll, con asiento en la Dirección de Control de Drogas, citó una serie de casos en los cuales alega que jueces de Instrucción han favorecido a los acusados de este tipo de infracción, pese a que se han presentado las pruebas para que se les envíe a juicio o se les condene.
Dijo que le resulta inexplicable la facilidad con que los imputados de ese delito obtienen su libertad. De los Santos Coll pidió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, para que fiscalice de manera más directa la actuación de los jueces de la Instrucción.
El fiscal adjunto citó el caso de la ciudadana puertorriqueña Ginayra Adorno Álvarez, quien fue enviada a juicio de fondo por una jueza interina del Quinto Juzgado de la Instrucción, Ana Magnolia Méndez Cabrera, pero se le varió la medida de coerción y se dispuso su libertad bajo fianza, tras el pago de RD$20,000.
La extranjera está acusada de intentar llevar hacia su nación un kilo y medio de cocaína a través de la terminal Ferries del Caribe, donde fue apresada.
El Fiscal considera inconcebible que se dé libertad a un extranjero, que no tiene un domicilio en el país, por lo que está presente el peligro de fuga.
La extranjera alegó que reside en la calle Padre Billini de la Zona Colonial de Santo Domingo.
“Estamos teniendo decisiones en materia de droga que no se explican. En ese caso existe un peligro de fuga inminente y ¿cómo van a garantizar que esa persona esté presente en todos los requerimientos que le haga la justicia?”, puntualizó.
Asimismo, dijo que hace dos semanas, otro juez interino, Juan Pablo Monegro, declaró extinguida la acción pública contra un colombiano apellido Vergara, acusado de dos kilos de heroína, sin contestar una solicitud de prórroga del plazo que establece el Código Procesal Penal para concluir la investigación, el cual se le había pedido semanas antes.
“Ese magistrado sin decidir sobre nuestra solicitud de prórroga, sin fijar audiencia preliminar, sin notificar nada, posteriormente declaró extinguida la acción penal”, precisó al tiempo de señalar que posee una certificación del tribunal en la que se hace constar la irregularidad.
Añadió que están teniendo una baja en lo referente al manejo de los jueces de Instrucción en los casos de narcotráfico.
“Es una queja de total del ministerio público”, agregó.
De igual manera, hizo referencia a un auto de no ha lugar emitido por el juez del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, del cual dijo estaba basado en la fotocopia de un informe químico-forense que no estaba firmado por el ministerio público, obviando las pruebas originales que sí estaban debidamente rubricadas.
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