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La Fiscalía de la provincia Santo Domingo pidió esta tarde orden de prisión preventiva contra los empresarios del transporte por su presunta vinculación con la explosión de una bomba en el interior de una guagua que dejó como resultado siete personas heridas, entre ellas una mujer embarazada.
El fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, tras interrogar a los transportistas Juan Hubieres, Antonio Marte, Ramón Pérez Figueres y Alfredo Linares, pidió un año de medida de coerción.
Tras el pedimento, el magistrado espera la presencia de un juez en su despacho para que avale la medida de coerción dictada en contra de los empresarios del transporte, por su presunta vinculación en el lanzamiento de la bomba durante la huelga del transporte.
Este lunes, el procurador general de la República reiteró que si las investigaciones determinaban que los transportistas estaban involucrados en el lanzamiento de la bomba molotov serían sometidos sin contemplaciones a la acción de la Justicia.
Radhamés Jiménez Peña recordó, además, que la legislación dominicana es clara en cuanto a las penas aplicables a personas involucradas en actos de terrorismo y a sus posibles cómplices.
Recordó que en su artículo 113, el Código Penal establece que los instigadores de protestas y acciones que alteren el orden público "tienen tanta responsabilidad como los autores materiales de los hechos que puedan surgir como consecuencia de esas protestas".
La semana pasada, tanto el procurador Radhamés Jiménez como el secretario de Interior y Policía, y Franklin Almeyda Rancier, calificaron como un hecho terrorista y criminal el lanzamiento de la bomba casera a un autobús durante la huelga convocada por los gremios choferiles.
Dijeron que el ataque fue un hecho vandálico que podría catalogarse como terrorista debido a que se produjo la quema de un autobús donde se trasladaban personas inocentes que se convirtieron en víctimas.
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