Que en la parte referida a República Dominicana afirma que aunque la trayectoria gubernamental en torno a los derechos humanos “mejoró algo”, persistían serios problemas.
Establece que las condiciones de las prisiones continuaban “pobres o críticas”, continuaron los arrestos arbitrarios y la detención de los sospechosos, el tráfico de personas y el irrespeto a los derechos laborales fundamentales. Consigna, no obstante, que el nuevo jefe de la Policía, cuyo nombre no menciona, implementó cambios que disminuyeron los niveles de asesinatos y otros abusos ejecutados por “las fuerzas de seguridad”, y en algunos casos, llevó ante la Justicia a aquellos que consideraba habían actuado de manera incorrecta. El informe del Departamento de Estado explica en uno de los primeros muestreos estadísticos sobre el tema, porque la cifra exacta ningún censo de población lo ha establecido de manera formal, que en República Dominicana existen entre 650,000, a un millón de haitianos indocumentados.
En la parte introductoria refiere que en agosto de 2004 el presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, asumió el poder para un segundo período no consecutivo y en mayo pasado el PLD ganó la mayoría en ambas cámaras legislativas durante la celebración de las elecciones congresuales y municipales. “Observadores extranjeros imparciales evaluaron ambos procesos electorales y concluyeron que éstos fueron mayormente libres y justos”, sostiene y añade que si bien en las elecciones las autoridades civiles mantuvieron control efectivo de los organismos de seguridad, se produjeron circunstancias donde elementos de estos organismos actuaron de manera independiente a la autoridad gubernamental.
Cita también la “seria discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes; prostitución infantil y otros abusos contra la niñez, tráfico de personas, y el irrespeto a los derechos laborales fundamentales”. Además, enaltece el trabajo hecho con el Código Procesal Penal, que, a su juicio, proveyó a los detenidos de protección adicional, mejoró los procedimientos y el nivel de respeto a los derechos de los detenidos.
El rechazo
El diputado Pelegrín Castillo consideró anoche que el informe ofrecido por el Departamento de Estado forma parte del viejo plan de la nación norteña para que los problemas de Haití sean resueltos por la RD. El legislador de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) consideró injusto el tratamiento que EEUU le da al país en ese aspecto, cuando se sabe que la solución al problema haitiano no está en la RD.
“No me extraña esa posición. Tienen años reiterando que en el país se practica la discriminación. Están tratando de que el país asuma el problema haitiano como una especie de fusión en RD”, explicó Castillo entrevistado a través de la línea telefónica. Aseguró que Haití como estado colapsó y el precio para reconstituir ese estado es muy alto y los EE.UU lo saben perfectamente. Advirtió que en los próximos meses EE.UU tratará de aplicar la política nacional que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que se utilizará el Tratado de Libre Comercio.
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