Clara Sánchez narra la impotencia que vivió con su esposo amarrado y el “manoseo” a su hija menor por parte de personas que irrumpieron en la madrugada a derrumbar las viviendas de 35 familias de la comunidad de Arroyo Rico, en La Gina, de Miches. ARROYO RICO, Miches.- Cerca de 90 campesinos siguen a la intemperie luego que de sus viviendas, levantadas en un asentamiento del Instituto Agrario Dominicano, fueran derrumbadas en una acción de desalojo que no contó con orden judicial, según ellos.
El hecho ocurrió el fin de semana en que azotó la tormenta Noel, por lo que la desgracia humana ha pasado casi desapercibida.
Los denunciantes, que entregaron a El Nacional copia de cada uno de los títulos provisionales de propiedad que les otorgara el IAD en el año 2000, indicaron que la destrucción de sus casas fue realizada hace dos semanas por cerca de 40 hombres armados, entre civiles y militares.
“Los hombres que estábamos aquí fuimos amarrados y subidos a un camión en calidad de detenidos”, dijo Apolinar Peña, uno de los campesinos desalojados.
Los destrozos de las viviendas, daños a los ajuares, equipos, muebles e impacto psicológico entre los residentes, quejas y lamentos fueron expuestos tan pronto llegó un grupo de periodistas y sacerdotes de El Seibo que fueron alertados sobre el caso.
El suceso ocurrió el pasado fin de semana en momentos en que se sentían en el país los embates de la tormenta Noel, por lo que inicialmente hubo confusión porque se creyó que los destrozos habían sido causados por el fenómeno.
La acción dejó sin hogares, ajuares destruidos, electrodomésticos y una gran incertidumbre a los residentes en el referido asentamiento del IAD, en viviendas que fueron reparadas hace poco por el propio Gobierno del presidente Leonel Fernández, como atestiguaban letreros que habían sido colocados al frente. Sólo quedaron de pie una iglesia y una escuela.
El desalojo ha provocado consternación en la zona y ameritó la rápida intervención de los gobernadores de El Seibo, Marcelino Fulgencio, y de Hato Mayor, Moreno Vásquez, mientras el subgerente del IAD en la zona, Víctor de la Rosa, dijo que su llegada al lugar cerca de las 7:00 de la mañana evitó una tragedia mayor.
Explicó que tras ser informado sobre lo que ocurría se hizo acompañar de miembros de la Marina de Guerra, evitando que continuaran los abusos debido a que requirió la autorización de una sentencia o del Abogado del Estado, para la ejecución del desalojo y los ejecutores no tenían.
Dijo que informó del caso al director del IAD, Quilvio Cabrera, quien daría cuenta del caso al presidente Fernández debido a que Castillo alega que cuenta con muy buenas relaciones e influencia, y que adquirió los terrenos de los sucesores de la familia Bravo, Nieto y Severino.
De la Rosa dijo que sobre la propiedad de los terrenos hay una litis hace un año, pero que una jueza de Hato Mayor quedó pendiente de dar un fallo el 11 de diciembre próximo; dado que en 1973 el presidente Joaquín Balaguer los declaró “tierra comunera”; en 1983 el presidente Salvador Jorge Blanco los repartió de nuevo asentando a nueve ocupantes y otorgando 16 títulos en 3,604 tareas, de las cuales mil 200 están ocupadas por los parceleros.
Consideró que la Cámara Civil de Hato Mayor no tiene jurisdicción sobre terrenos registrados.
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